Transferencia de 3,5 millones para aumento de plantilla en nuevos tribunales.
El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado una transferencia de crédito por un importe de 3,5 millones de euros a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Esta medida se ha tomado para hacer frente al incremento de la plantilla de funcionarios de la Administración de Justicia, derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia aprobada por el Gobierno central.
Las fases I y II de aplicación de esta nueva norma implican un aumento de personal de 86 plazas, debido al cambio de estructura que implica la creación de nuevos tribunales de instancia. La Junta de Andalucía asume este coste en solitario, junto con otros gastos derivados de la norma, ya que carece de memoria económica. A pesar de esto, el Consejo de Gobierno instó al Gobierno de la Nación a cofinanciar los gastos, que en el caso de Andalucía ascenderán a 57 millones de euros.
La primera fase de la ley entró en vigor el 1 de julio de 2025 en aquellos partidos judiciales que cuentan con juzgados de Mixtos y de Violencia sobre la Mujer, lo que representa más del 82% de los partidos judiciales en Andalucía con más de 4.000 funcionarios de Justicia. La segunda fase se implementará el 1 de octubre de 2025, afectando a tres partidos judiciales en la provincia de Málaga. Por último, la tercera fase se llevará a cabo el 31 de diciembre de 2025 en las capitales de provincia y grandes ciudades, donde trabajan alrededor de 5.000 funcionarios de Justicia.
La Consejería de Justicia ha ampliado la plantilla de funcionarios en 86 plazas para las dos primeras fases, consolidando plazas que antes eran ocupadas por interinos de refuerzo y creando nuevos puestos, como jefaturas con sus correspondientes complementos. Además, la ley también afecta a los juzgados de paz, que pasarán a ser oficinas de justicia municipales con más funciones, y a los registros civiles, que se convertirán en unidades autónomas.
La Junta de Andalucía asume en solitario este coste, incluyendo la adaptación de sedes judiciales, servidores y equipos informáticos, así como la formación de los profesionales. El coste del incremento del personal en las fases I y II supera los 3,7 millones de euros, por lo que se ha realizado una transferencia de 3.514.404,92 euros de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a la Consejería de Justicia. Se espera una inversión total de aproximadamente 57 millones de euros para la aplicación de esta ley estatal.
El Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo el 11 de junio de 2025 instando al Ministerio de Justicia a dotar a Andalucía de los medios económicos necesarios para implementar la norma estatal. Esta medida busca garantizar una adecuada aplicación de la ley y asegurar los recursos financieros necesarios para su puesta en marcha.
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