La LUPA culmina la mayor reforma universitaria para fortalecer la educación superior en Andalucía.
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha presentado en el Parlamento el proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), destacando que esta norma representa la culminación de la mayor reforma universitaria en la región. Con el objetivo de proteger el sistema público universitario, ampliar los derechos del estudiantado, estabilizar la carrera académica, impulsar la internacionalización y mejorar la gobernanza, la LUPA busca brindar un marco adecuado y estable para las universidades andaluzas.
En cuanto a los derechos del estudiantado, se destaca la bonificación de las matrículas universitarias como un derecho, con una dotación de 43,66 millones de euros para compensar el coste de los créditos aprobados en primera matrícula. Además, se contempla la suspensión temporal de estudios, la conciliación de actividades académicas y deportivas, y el derecho a la desconexión digital. La norma también aborda la promoción de la movilidad estudiantil y la internacionalización del sistema universitario andaluz.
En relación al personal docente e investigador, se busca proporcionar estabilidad, mérito y garantías en la carrera profesional. Se flexibiliza la compatibilidad de la actividad del PDI, se recupera la figura del profesorado ayudante, y se establece la obligatoriedad de un nivel de idioma extranjero (B2) para ciertas figuras a partir de 2029. Adicionalmente, se refuerzan las competencias de inspección, evaluación y sanción para garantizar la rendición de cuentas.
La LUPA introduce importantes novedades en gobernanza, otorgando mayor autonomía en materia de personal y planificación académica a las universidades. También se actualiza el régimen del rectorado y se establecen órganos de coordinación autonómica. En cuanto a la financiación, se consolida el modelo de financiación de las universidades públicas y se promueve el uso de remanentes no afectados para la gestión.
Además, la ley incrementa los requisitos para la creación o reconocimiento de universidades privadas, exigiendo a los promotores y gestores tener experiencia en educación superior y destinar un porcentaje de ingresos a becas y programas de investigación. Se reconoce el papel de las universidades como agentes de cohesión territorial y desarrollo regional, destacando su contribución al empleo cualificado y la dinamización económica y social de las provincias.
La Ley Universitaria para Andalucía no solo representa una normativa técnica, sino también una apuesta de futuro que busca fortalecer el sistema universitario en la región.
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