La Junta invierte más de 56 millones de euros en aplicar la Ley Bolaños sin ayuda estatal.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha informado en la Comisión parlamentaria sobre el arduo trabajo realizado para implementar la reforma impuesta por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por el Ministerio de Justicia sin consenso con las comunidades y sin apoyo económico. Esta reforma ha implicado la transformación de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia colegiados en un plazo de un año.
En Andalucía, se han transformado 85 partidos judiciales, con la participación de 9.000 funcionarios y un coste asumido de 56 millones de euros. Esta transformación ha implicado la creación de nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo en cada partido judicial, el incremento de plantillas con la creación de casi un centenar de nuevas plazas y 283 puestos de jefatura, necesarios para coordinar la nueva estructura de trabajo en servicios y secciones comunes.
La tercera fase de esta reforma, que ha sido la más compleja, se ha centrado en adaptar los 12 partidos judiciales más grandes, donde trabajan casi 5.400 funcionarios. En estos partidos judiciales se han creado 12 nuevas plazas y 228 puestos de jefatura, además de transformar 24 puestos genéricos en especializados en Violencia sobre la Mujer para reforzar esta Jurisdicción que ha asumido nuevas competencias sobre delitos sexuales.
La Junta de Andalucía ha invertido 1,4 millones de euros solo en personal en esta tercera fase, además de adaptar equipos y sistemas informáticos y realizar obras en varias sedes para adecuarlas a la nueva organización del personal en servicios comunes.
Además, se ha trabajado en reforzar los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), con medidas pioneras de mediación que han dado resultados positivos. A pesar de los retos, Andalucía ha logrado cumplir en tiempo y forma, garantizando la calidad del servicio público de Justicia y reforzando los derechos de la ciudadanía.
En cuanto a la reducción de sentencias sin ejecutar, se destaca que en los 73 partidos judiciales transformados en las dos primeras fases, Andalucía ha logrado reducir un 69% las sentencias sin ejecutar y un 43,8% los actos de comunicación pendientes, cifras por encima de la media en comparación con otros territorios.
Estos logros son el resultado de una planificación rigurosa, una inversión sostenida y el compromiso de miles de profesionales de la Justicia. A pesar de las dificultades, Andalucía ha demostrado su capacidad para llevar a cabo esta importante reforma de manera exitosa.
FUENTE
