La Junta agiliza ayudas a municipios afectados por catástrofes
El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado un decreto ley que tiene como objetivo regular el anticipo de pago presupuestario a favor de las entidades locales andaluzas que se vean especialmente afectadas por catástrofes públicas, emergencias de protección civil o fenómenos naturales adversos. Esta medida busca acelerar la llegada de los fondos a los municipios damnificados y fortalecer la capacidad de respuesta de la Junta de Andalucía ante situaciones de urgencia.
Hasta ahora, este procedimiento solo podía aplicarse de manera excepcional y temporal, como sucedió tras los daños ocasionados por las lluvias de octubre y noviembre del año pasado. Con esta nueva normativa, se pretende mejorar la seguridad jurídica, la coordinación administrativa y la agilidad en la tramitación de ayudas a entidades locales. Entre las novedades, se incluye la exigencia de un informe técnico provisional previo a la declaración de situación excepcional, con criterios homogéneos de valoración de daños.
Además, se ajustan los plazos de elaboración de informes de gestión para garantizar una información consolidada y coherente. La gestión de las ayudas se desconcentra en las delegaciones territoriales, lo que permitirá una tramitación más rápida y una mayor cercanía con los municipios afectados. El Gobierno andaluz justifica la extraordinaria y urgente necesidad de esta normativa en la evolución reciente de los fenómenos meteorológicos, cada vez más intensos e imprevisibles, y en la necesidad de contar con instrumentos normativos eficaces antes del inicio del periodo de lluvias del otoño.
Por otro lado, el decreto ley también incluye una modificación puntual de la Ley 9/2007, que posibilita la creación de dos viceconsejerías y secretarías generales técnicas cuando se decida atribuir a una sola consejería las competencias en materias diferenciadas o de especial complejidad. Esto tiene como objetivo mejorar la capacidad de gestión ante situaciones de emergencia.
En resumen, esta nueva normativa busca fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y agilizar la llegada de fondos a los municipios afectados por catástrofes naturales en Andalucía. Con estos cambios, se pretende mejorar la coordinación administrativa y garantizar una gestión más eficiente de las ayudas a entidades locales en momentos de crisis.
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