El equipo legal de Arcuri defiende que decenas de resoluciones judiciales le respaldan
El equipo jurídico de Francesco Arcuri, padre de los hijos de Juana Rivas, ha destacado la cantidad de argumentos y hechos que respaldan las decisiones judiciales en Italia y España a lo largo de ocho años de litigio. Estas resoluciones favorecen al italiano, quien tiene la custodia del menor fruto de su relación con Rivas y debe serle entregado por esta última en cumplimiento de una orden judicial italiana.
En una nota de prensa emitida por Zambrano, Ávila y Martín Abogados, fechada en Granada y Carloforte (Italia), el equipo jurídico de Arcuri subraya la importancia de cumplir con lo establecido por los tribunales de ambos países, los cuales han implementado mecanismos eficaces para proteger al menor de acuerdo con la legislación europea.
Además, hacen hincapié en que no se puede invocar la protección del menor mientras se desobedecen las resoluciones destinadas a velar por su bienestar. Critican los intentos de deslegitimar la Administración de Justicia y distorsionar la realidad de los hechos.
Por otro lado, se menciona que el hijo de Arcuri fue escuchado por el juez y expresó su deseo de ver a su madre y hermano en vacaciones, pero de vivir con su padre en Carloforte, tal como ha manifestado a lo largo de los procedimientos legales.
En relación a las acusaciones de maltrato familiar pendientes contra Arcuri, su equipo legal señala que dichos hechos ya han sido descartados en instancias civiles y por la Fiscalía de Menores italiana.
En enero, la autoridad judicial en Granada suspendió de manera provisional el retorno del niño a Italia tras las vacaciones de Navidad, debido a presuntos episodios de violencia denunciados por el menor. Por su parte, la Audiencia de Granada confirmó en marzo la remisión del expediente judicial del hijo de Rivas a la corte de Cagliari para continuar investigando los supuestos malos tratos por parte del padre.
En abril de 2021, el Tribunal Supremo ratificó la condena a Juana Rivas por sustracción de menores, reduciendo su pena de 5 años a 2 años y 6 meses de prisión, al considerar que cometió un solo delito a pesar de haber sustraído a ambos hijos.
Este caso, marcado por años de disputas legales y controversias, pone de manifiesto la complejidad de las situaciones familiares que involucran la custodia de menores y la intervención de la justicia en conflictos de esta naturaleza.
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