Agentes de la Policía Adscrita decomisan más de 2.400 boletos ilegales de la OIDE en Chiclana
Agentes del Área de Juego de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía, con sede en Cádiz, han llevado a cabo un importante operativo contra el juego ilegal en Chiclana de la Frontera. En esta intervención, se han incautado 584 boletos destinados a la distribución sin autorización administrativa, los cuales llevaban las siglas OIDE, correspondientes a la Organización Integradora Discapacitados Europeos. Estos boletos presentaban un diseño idéntico a otras organizaciones ilegales como la OID, ONDE y ONDEE, lo que sugiere una actuación continuada y consciente en la actividad ilegal.
Además de estos boletos, se han decomisado otros 2.440 con el mismo diseño y siglas, listos para su venta. El precio de los boletos ilegales ha aumentado, alcanzando los 1.50 euros para los sorteos de lunes a jueves y dos euros para el viernes. A pesar de la deuda de más de 86 millones de euros que la organización mantiene con la Agencia Tributaria, el incremento en el precio de los boletos apunta a un intento de aumentar los beneficios.
Estas acciones forman parte del seguimiento realizado por la Unidad de Policía Adscrita a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), la cual ha seguido operando en la provincia de Cádiz bajo diferentes denominaciones. A pesar de mantener una fachada de ONG sin ánimo de lucro, la organización se ha dedicado exclusivamente a la distribución y venta de boletos, sin realizar actividades solidarias ni de integración social para personas con discapacidad.
La Dirección General de Ordenación del Juego impuso una multa de 35 millones de euros a la ONDEE, junto con la inhabilitación para realizar actividades de juego y obtener títulos habilitantes durante cuatro años. A pesar de las resoluciones administrativas en su contra, la ONDEE continúa con sus sorteos diarios en su página web, utilizando la estructura comercial heredada de la OID.
En resumen, estas acciones policiales ponen de manifiesto la lucha constante contra el juego ilegal y las organizaciones que se aprovechan de colectivos vulnerables como las personas con discapacidad. La necesidad de controlar y denunciar estas prácticas fraudulentas es crucial para proteger a la sociedad de posibles estafas y abusos.
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