Izquierda Unida ha solicitado una acción «inmediata» ante la «alarmante crisis inmobiliaria que afecta tanto a Granada capital como al resto de la provincia», con el precio de la vivienda aumentando un 13,6% en 2024, hasta situar el metro cuadrado en 2.294 euros.
Con estos datos, la formación indica que Granada «se consolida como una de las ciudades más afectadas por la especulación inmobiliaria, solo superada en Andalucía por Málaga». En este sentido, el congresista Francisco Sierra destaca que «esta legislatura debe ser la de la vivienda».
«No podemos permitir que los fondos buitre y los grandes especuladores sigan operando sin regulación. Necesitamos un compromiso del Estado para intervenir en los precios, aumentar la oferta pública y proteger un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda digna», afirmó.
Se refirió así a la situación de los jóvenes, que «es especialmente crítica, con una tasa de desempleo juvenil superior al 30 por ciento y salarios insuficientes para cubrir los elevados costes de alquiler».
Por su parte, la coordinadora y diputada provincial de IU Granada, Mari Carmen Pérez, consideró «incomprensible que los jóvenes tengan que destinar el cien por cien de su salario al alquiler para vivir solos». «Desde Izquierda Unida pedimos a la Junta de Andalucía que respete la Ley de Vivienda y fomente un parque público de vivienda a precios asequibles, además de rehabilitar los edificios deteriorados».
IU critica también «la falta de iniciativa por parte del Ayuntamiento de Granada para aprovechar los recursos estatales y europeos para vivienda». El coordinador local de IU Granada, Paco Puentedura, advierte de que «Granada no necesita más suelo urbanizable. Tenemos suelo para construir más de 14.000 viviendas y zonas en rehabilitación en Albaicín, Santa Adela y otros barrios históricos. Lo que falta es la voluntad política para hacer de la vivienda un derecho y no un negocio».
En este contexto, Izquierda Unida alerta contra el modelo defendido por el Partido Popular, «centrado en la liberalización del suelo y en bonificaciones fiscales a los grandes terratenientes» y que «solo genera expectativas de huelgas urbanísticas y especulación», afirma Pérez.
Por el contrario, IU aboga por una estricta regulación del mercado, el fomento de las cooperativas y el desarrollo de la vivienda pública y tutelada como herramientas esenciales para garantizar el derecho a un techo.
«Granada no necesita más especulación, necesita vivienda asequible y un Gobierno a la altura de las necesidades de sus ciudadanos», concluyó Sierra, insistiendo en la «urgencia de implementar políticas públicas eficaces» para frenar la subida del precio de la vivienda y proteger a la población. las familias y jóvenes granadinos.