La parlamentaria andaluza Olga Manzano ha instado a la Junta de Andalucía a encontrar una solución urgente para poner fin a la lista de espera «desesperante» en materia de dependencia en el Norte de la provincia de Granada, especialmente en la comarca de Huéscar donde los tiempos de espera son considerados «inhumanos».
Manzano, quien ha abordado este tema en el Parlamento andaluz, ha destacado que, «si los datos del pasado mes de enero ya eran inaceptables, con 597 días de espera para recibir una prestación, 263 días más que la media nacional; la situación es aún peor en la mencionada zona».
Tras solicitar a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que tome cartas en el asunto, se refirió al caso de un padre de familia que «sufrió un ictus en julio de 2022 y desde septiembre de ese mismo año su familia está gestionando la ayuda a la dependencia».
«Fue evaluado por primera vez dos años después, en julio de 2024, y hasta la fecha siguen esperando respuesta», señaló la parlamentaria en un comunicado, añadiendo que «han pasado dos años y medio desde que esta familia solicitó una prestación económica para cuidados en el entorno familiar, ya que la pareja del afectado tuvo que dejar su trabajo para encargarse de ello y, a día de hoy, aún no han recibido ni la prestación ni la cotización a la Seguridad Social».
Manzano, quien criticó al Gobierno andaluz por considerar que «este es solo uno de muchos casos», mencionó «el clamor existente entre las familias afectadas que están denunciando esta situación desoladora y que se han unido en una Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de la Comarca de Huéscar».
«Han recopilado más de 1.200 firmas y con ello expresan la desesperación que sienten debido a la falta de personal, la paralización de las revisiones de grado y los retrasos en la evaluación de hasta dos años», explicó.
Según la socialista, esta situación también afecta a una de las cooperativas que brindan servicios de ayuda a domicilio, compuesta exclusivamente por mujeres, las cuales se ven obligadas a despedir a sus trabajadoras debido a la falta de nuevos casos y al fallecimiento de los usuarios.
Manzano considera que «esto, sumado a la falta de médicos en los consultorios, está causando el declive de la comarca. La plataforma simplemente exige que la Junta cumpla con su propio Decreto y con el resto de la normativa, ya que mientras tanto también están muriendo las personas dependientes».