La moderna Ley del Patrimonio en Andalucía avanza en el Parlamento para mejorar la gestión de los bienes públicos.
La nueva Ley del Patrimonio de Andalucía continúa avanzando en su proceso legislativo después de haber superado el debate en la Cámara andaluza. Esta ley tiene como objetivo principal proporcionar a la comunidad andaluza un marco moderno, eficaz y transparente para la gestión de los bienes propiedad de la Junta. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha destacado la importancia de esta ley para el buen gobierno y la modernización de la Administración andaluza.
Con esta nueva normativa, se busca convertir el patrimonio público en una herramienta activa de desarrollo económico y social al servicio de los andaluces. Se pretende establecer un orden, control y confianza en la gestión de los recursos públicos, asegurando que se utilicen de manera eficaz y en beneficio de la comunidad.
La ley actual del Patrimonio de Andalucía data de 1986, lo que la convertía en la norma patrimonial más antigua de España. Tras casi cuarenta años, se hacía necesario actualizarla para adaptarla a las necesidades y realidades actuales. La nueva legislación introduce instrumentos innovadores de gestión y control, como un Inventario General digitalizado y una Plataforma de Publicidad Patrimonial, que permitirán una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los bienes públicos.
Además, se establece un régimen sancionador propio para proteger los bienes públicos de usos indebidos, se simplifican los procedimientos administrativos y se promueve la economía circular, fomentando la reutilización y reciclaje de bienes en desuso. Esta ley busca poner fin al desorden y la falta de control en la gestión patrimonial, garantizando una gestión responsable y eficiente.
La Ley del Patrimonio de Andalucía también refuerza las cesiones gratuitas a ayuntamientos y entidades sociales para usos públicos, como la promoción de vivienda o equipamientos comunitarios. Se destaca la participación de más de una treintena de entidades en la elaboración de esta ley, la cual ha recibido el respaldo unánime de los órganos consultivos, demostrando su pulcritud y rigor técnico.
En resumen, esta nueva ley representa un paso importante hacia una gestión más eficaz, transparente y responsable del patrimonio público en Andalucía, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de la comunidad.
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