Andalucía estudiará presentar recurso contra Real Decreto Ley sobre acogida de menores migrantes.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado que la Junta de Andalucía estudiará jurídicamente si recurre el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros que recoge la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. Según López, este decreto se ha aprobado «por imposición, sin diálogo y con una absoluta falta de transparencia».
Para la consejera, este texto sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma con más capacidad ordinaria de acogida, lo que evidencia que el Gobierno de España prioriza sus intereses sobre el interés de los menores, llegando incluso a «apilarlos en edificios» sin considerar su bienestar.
«Andalucía es una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero siempre preservando la atención y protección de los niños», enfatizó López. A pesar de la saturación del Sistema de Protección de Menores, cada semana siguen llegando menores migrantes no acompañados que requieren asistencia.
La consejera recordó el caso de 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha trasladado a Andalucía bajo la apariencia de mayoría de edad, los cuales están siendo atendidos por el Gobierno andaluz. Sin embargo, el reparto impuesto por el Gobierno central amenaza con colapsar el sistema andaluz, poniendo en riesgo tanto a los menores ya presentes como a los que buscan trasladar.
En este sentido, López hizo hincapié en que para Andalucía siempre prevalecerá la defensa y protección del interés superior de los niños. Asimismo, destacó la importancia de que el Ejecutivo central reconozca a Andalucía como Frontera Sur, petición que, según criticó, se le niega a la comunidad a pesar de su proximidad al continente africano.
Finalmente, la consejera lamentó que el Gobierno central no esté asumiendo sus responsabilidades con los más de 1.000 menores migrantes solicitantes de protección internacional que el Tribunal Supremo le reclama, mientras impone a las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes sin coordinación ni diálogo.
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