El Gobierno andaluz promoverá la mediación Penal en la Justicia Gratuita.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía está liderando un importante avance en la implementación de medios alternativos de solución de controversias (MASC) para reducir la litigiosidad, ahorrar tiempo y costes, y aliviar la carga de trabajo en los tribunales.
En colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), se han establecido medidas pioneras que convierten a la comunidad en un referente en esta área. Entre las iniciativas destacadas se encuentra la inclusión de la mediación penal en la Justicia Gratuita, ampliando así el alcance de esta herramienta más allá de los casos civiles y mercantiles.
Andalucía fue la primera región en incorporar la mediación civil y mercantil en el sistema de Justicia Gratuita, y ahora se posiciona nuevamente a la vanguardia al extender este beneficio a los asuntos penales. Esto significa que los abogados de oficio que logren acuerdos o conformidades que eviten juicios penales recibirán una compensación equivalente a la que obtendrían por el procedimiento correspondiente.
Para facilitar la mediación penal de adultos, se creó el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), el cual ha logrado evitar la celebración de más de 1.700 juicios en toda la comunidad. Este servicio permite resolver los casos en un plazo medio de un mes, en contraste con los tiempos más prolongados en los juzgados.
Además, se ha establecido un convenio con CADECA para que los abogados puedan realizar conciliaciones como alternativa al juicio. Esta colaboración también incluye la compensación económica a los profesionales que participen en estos procesos, situando a Andalucía como una de las comunidades autónomas que más pagan por acudir a los MASC.
En octubre, se sumará al SEMPA un Servicio público de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA), que será gratuito para ambas partes si una de ellas cumple los requisitos para ser beneficiario de la Justicia Gratuita. Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo por reducir la sobrecarga judicial y promover una cultura de diálogo y acuerdo en la resolución de conflictos.
En definitiva, Andalucía se consolida como un referente en la implementación de medios alternativos de solución de controversias, destacando por su visión innovadora y su compromiso con la eficiencia y la justicia para todos los ciudadanos.
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